El Tribunal Supremo confirma, en su sentencia dictada el 10/06/2025 que, en el ejercicio del poder disciplinario, el empresario puede optar por imponer una sanción de menor gravedad que la prevista para una infracción más grave, sin que ello vulnere los principios de legalidad ni tipicidad. En el caso analizado, pese a que la conducta se calificó correctamente como falta muy grave (malos tratos de palabra), se impuso una sanción prevista para una infracción grave, lo que no genera nulidad. La jurisprudencia admite esta posibilidad bajo la teoría gradualista, en tanto que sancionar con mayor benevolencia favorece al trabajador y respeta el marco normativo, siempre que la sanción impuesta esté también tipificada en el convenio colectivo. No existe lesión de garantías procesales ni perjuicio en términos de prescripción, y sólo en caso de fraude o abuso de derecho cabría reproche jurídico.
